El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado la querella presentada en agosto por el Real Madrid contra la Liga Nacional de Fútbol Profesional y su presidente, Javier Tebas, relacionada con los ingresos de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol.
La querella se centraba en un acuerdo aprobado por el órgano de Control de los Derechos Audiovisuales a finales de julio y ratificado por la Junta de Primera División de la Liga de Fútbol Profesional el 4 de agosto. Este acuerdo establecía los criterios de reparto de los ingresos generados por la explotación y comercialización audiovisual, con un enfoque en la implantación social.
Según el Real Madrid, estos acuerdos eran injustos y tenían la intención de perjudicar económicamente al club. Sostenían que esta situación era resultado de la enemistad entre el presidente de la Liga, Javier Tebas Medrano, y el Real Madrid, debido a la oposición del club a proyectos como la Liga Impulso y la Superliga.
El juez Calama, a cargo del Juzgado Central de Instrucción Cuatro, examinó los hechos presentados en la querella y concluyó que no se ajustaban al Código Penal. Descartó las acusaciones de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y delito de imposición de acuerdos abusivos, que habían sido incluidas en la demanda del Real Madrid.
La resolución destacó que el acuerdo había sido aprobado por una mayoría significativa y que la discrepancia entre las posiciones minoritarias y mayoritarias no constituía abuso en términos penales. El juez señaló que estas discrepancias eran comunes y no podían ser consideradas como abuso, lucro, perjuicio o falta de beneficio social, que son elementos necesarios para constituir un delito.
El juez mencionó que el acuerdo solo recibió un voto en contra y que, dado que el Real Madrid no era el único gran club en la Liga de Fútbol, resultaba difícil argumentar que perjudicaba exclusivamente al Real Madrid y no a otros equipos con intereses similares que no habían votado en contra.
Aunque la querella fue desestimada, el juez recordó que el ordenamiento jurídico proporciona mecanismos en la vía civil y administrativa para abordar posibles comportamientos incorrectos y abusivos por parte de los órganos de las sociedades mercantiles.
En resumen, el conflicto entre los titulares de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales en el fútbol profesional, que generaron ingresos millonarios, deberá resolverse en el ámbito de la jurisdicción civil o contencioso-administrativa.
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